«Izquierda» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Izquierda (desambiguación).
El concepto de izquierda política es una clasificación sobre las posiciones políticas que agrupa a éstas que tienen como punto central la defensa de la igualdad social.1234 La izquierda política se divide en una multitud de ramas ideológicas.
El término izquierda política, como el de derecha política, tiene su origen histórico en la votación que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1789 en la Asamblea Nacional Constituyente surgida de la Revolución francesa en la que se discutía la propuesta de un artículo de la nueva Constitución en la que se establecía el veto absoluto del rey a las leyes aprobadas por la futura Asamblea Legislativa. Los diputados que estaban a favor de la propuesta, que suponía el mantenimiento de hecho del poder absoluto
del monarca, se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea.
Los que estaban en contra, y defendían que el rey sólo tuviera derecho a
un veto suspensivo y limitado en el tiempo poniendo por tanto la soberanía nacional
por encima de la autoridad real, se situaron a la izquierda del
presidente. Así el término "izquierda" quedó asociado a las opciones
políticas que propugnaban el cambio político y social, mientras que el
término "derecha" quedó asociado a las que se oponían a dichos cambios.5
«Ser de izquierda es, desde que esa clasificación surgió con la
Revolución Francesa, optar por los pobres, indignarse ante la exclusión
social, inconformarse con toda forma de injusticia o, como decía Bobbio, considerar una aberración la desigualdad social. »
Garantías normativas Art. 84.-
La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la
obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás
normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los
tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar
la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y
nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las
leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público
atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.
Art. 85.- La
formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas
públicas y servicios públicos que garanticen los derechos
reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
Las
políticas públicas y la prestación de bienes y servicios
públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y
todos los derechos, y se formularán a partir del principio
de solidaridad.
Sin
perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el
interés particular, cuando los efectos de la ejecución de
las políticas públicas o
prestación de bienes o servicios públicos vulneren o
amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política
o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas
alternativas que concilien los derechos en conflicto.
El Estado
garantizará la distribución equitativa y solidaria del
presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la
prestación de bienes y servicios públicos.
Los constitucionalistas dan el nombre de garantías a muchos de los preceptos contenidos en las declaraciones constitucionales. Particularmente a los de carácter mas objetivo. Por ejemplo:
"nadie puede ser privado se su libertad sino por orden escrita de autoridad competente"; o "nadie puede ser penado sin juicio previo"; o "es inviolable la defensa en juicios de la persona y de los derechos"; o "nadie puede ser penado sino en virtus de ley anterior al hecho del proceso"; o "nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo en materia criminal", etcétera.
Como se puede ver, estas declaraciones contienen precauciones procesales y, al mismo tiempo, limitaciones al poder público, y constituyen protección teórica de la libertad, pero no garantía propiamente dicha.
Supongamos que el poder público se extralimita e infringe cualquiera de los preceptos o declaraciones, a los que habitualmente se da el nombre de garantías.
Escojamos, para el caso, uno cualquiera de los anteriormente transcriptos y notaremos que la infracción del precepto pone al individuo a merced de quien ejerce autoridad y dispone de la fuerza. En esta situación aun queda remedio, recurso o arbitrio al alcance del individuo afectado. Es la acción de hábeas corpus, tal como aparece incorporada al derecho moderno.
En suma, la libertad individual no tiene otra garantía que el hábeas corpus y podemos agregar de garantía es la institución creada en favor del individuo para que, armado con ella, tenga a su alcance inmediato el medio de hacer efectivo cualquiera de los derechos individuales.
3.
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ECUATORIANOS/AS Art. 83
4.
Art. 83 DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE NOSOTROS COMO ECUATORIANOS 9.
Practicar la justicia y solidaridad en ejercicio de sus derechos 10.
Promover la unidad y la igualdad 11. Asumir las funciones públicas 12.
Ejercer su profesión u oficio sujeto a ética 13. Conservar el patrimonio
cultural 14. Respetar y reconocer deferencias étnicas 15. Cooperar con
el Estado y comunidad 16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a hijos
17. Participar en la vida política y cívica
5.
Art. 103 DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS HIJOS E HIJAS DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS HIJOS E HIJAS
líticas públicas y la
prestación de bienes y servicios públicos.
